León, Gto.- La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) tiene atribuciones para requerir información a quienes ocupan cargos públicos, por lo que una solicitud relacionada con el patrimonio de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, no representa automáticamente una persecución política. Así lo planteó el diputado panista Jorge Espadas, al pronunciarse sobre las acusaciones de la presidenta municipal.

El legislador consideró que el hecho de que Gutiérrez haya abandonado las filas del PAN para incorporarse a Movimiento Ciudadano no es suficiente para concluir que las revisiones de la auditoría respondan a una represalia partidista.

“Eso no es un revanchismo político, por el cambio de partido”, afirmó.

Espadas sostuvo que el ejercicio de una responsabilidad pública conlleva la obligación de responder ante las instancias fiscalizadoras. Por ello, cuestionó que se pretenda rechazar la entrega de información con el argumento de que tiene carácter reservado.

“Porque si no, imagínense qué bonito sería, de por sí la impunidad que existe en este país, que nos pudiéramos negar a dar una información”, manifestó.

El posicionamiento del diputado se produce luego de que la alcaldesa denunciara una presunta persecución política vinculada con una investigación de la ASEG. Entre los señalamientos de Gutiérrez Campos se encuentra el requerimiento de información sobre sus propiedades, asunto que ha generado cuestionamientos sobre los límites de las facultades de fiscalización y la protección de la información patrimonial.

No obstante, que una persona sea servidora pública no significa que pierda sus derechos a la privacidad y a la protección de sus datos personales. La posibilidad de requerir información sobre sus bienes depende de las atribuciones legales de la autoridad, así como de la justificación y los procedimientos aplicables en cada caso.

El diputado aclaró que no tiene conocimiento directo de las diligencias realizadas ni de los documentos solicitados a la presidenta municipal. Explicó que el trabajo legislativo en materia de fiscalización se desarrolla a partir de los informes que llegan al Congreso, los cuales son revisados por la Comisión de Hacienda y posteriormente por el Pleno.

“Yo tendría que decirles que no tengo ni idea de cómo va el proceso, porque no debo de tener idea”, señaló.

En cuanto a las acusaciones de violencia política formuladas por la alcaldesa, Espadas indicó que cualquier conducta de esa naturaleza debe sancionarse si se comprueba, pero subrayó que son las autoridades competentes las que deben analizar los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad.

Aunque defendió la facultad de la ASEG para solicitar información a funcionarios públicos, el legislador no confirmó cuáles fueron los requerimientos específicos dirigidos a Gutiérrez Campos ni emitió una conclusión sobre la legalidad de las actuaciones dentro de la investigación.