León, Gto.- La ruptura política entre Alejandra Gutiérrez Campos y el PAN suma un nuevo capítulo. La alcaldesa de León acusa al gobierno estatal de utilizar la fiscalización para presionarla, mientras Libia Dennise García Muñoz Ledo niega cualquier persecución y atribuye la cancelación del puente del bulevar Aeropuerto al incumplimiento de requisitos para ejecutar la obra.

La disputa entre el gobierno municipal de León y la administración estatal dejó de limitarse a las diferencias por proyectos de infraestructura. Ahora, la alcaldesa emecista señala directamente al PAN por presuntamente utilizar las instituciones del Estado para atacarla, luego de abandonar el partido en el que militó durante más de 20 años.

El señalamiento más delicado de Alejandra Gutiérrez Campos tiene que ver con la auditoría integral a las cuentas municipales, aprobada por el Congreso de Guanajuato el pasado 25 de junio. La presidenta municipal sostiene que la revisión ha llegado a terrenos que, desde su perspectiva, exceden las facultades de fiscalización, como la solicitud de los planos de su vivienda particular.

“Hay un tema de persecución, de violencia sistémica”, declaró al ser cuestionada sobre si considera que las acciones emprendidas en su contra responden a una revancha política por su salida de Acción Nacional y su incorporación a Movimiento Ciudadano.

La alcaldesa aseguró que la Auditoría Superior del Estado ha solicitado información que considera ajena a la revisión financiera del Municipio. Según su versión, incluso tuvo que responder por escrito para preguntar cuál era el propósito de requerir los planos de su casa.

“Es el colmo, la auditoría y la ley son muy claras, solamente puedes pedir lo que es parte de la auditoría y contestamos por escrito, diciendo cuál era el fin de pedir hasta los planos; imagínense lo que me vulneran hasta pedir dónde está la cocina, el baño y demás”, expresó.

Gutiérrez Campos calificó esa actuación como ilegal y como una forma de violencia política. También acusó al PAN de aprovechar su posición en el gobierno estatal para confrontarla después de su renuncia, ocurrida el 22 de abril.

“Se convirtieron en todo lo que criticaron: autoritarios, el uso de todo el Estado para poder estar atacando a quien piensa diferente”, reprochó.

La alcaldesa aseguró que no teme a la auditoría integral, pero cuestionó los criterios con los que se está realizando. En ese mismo contexto, recordó que el Congreso estatal rechazó revisar las cuentas del exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Las acusaciones no se limitaron a la fiscalización. La presidenta municipal también afirmó que desde el Estado se le han puesto obstáculos para realizar actos cívicos en escuelas públicas de León.

“Nos llamó mucho la atención, pedimos escuelas y nos dijeron que había un tema de que les habían dicho que no podíamos ser recibidos en las escuelas”, relató.

Añadió que posteriormente recibió un oficio en el que se le indicaba que, si quería acudir a planteles públicos, debía hacerlo sin escoltas ni personal de seguridad.

El distanciamiento entre ambas administraciones ya era evidente desde antes de que Gutiérrez abandonara el PAN. Sin embargo, su incorporación a Movimiento Ciudadano convirtió las diferencias políticas en un frente de confrontación que ahora involucra la auditoría municipal, los actos públicos y la ejecución de obras estratégicas para León.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo rechazó las acusaciones de su homóloga municipal y negó que su administración esté ejerciendo violencia política.

“Pues yo niego rotundamente”, respondió al ser interrogada sobre los señalamientos.

La mandataria estatal sostuvo que, si la alcaldesa considera que existe alguna conducta de violencia en su contra, debe acudir a las instancias correspondientes para que se investigue y, en su caso, se sancione.

“Si hay algún tipo de violencia que se esté ejerciendo contra ella, yo creo que es muy importante, yo he sido siempre una defensora en ese tema de que las mujeres debemos levantar la voz y si lo hay tendrá que sancionarse”, afirmó.

García Muñoz Ledo defendió la actuación de su gobierno y negó que las diferencias partidistas determinen la relación con los municipios. Aseguró que su administración ha trabajado con diligencia y coordinación, y pidió no desviar la atención del motivo por el que se canceló el puente del bulevar Aeropuerto.

“Aquí no es un tema de colores, aquí no es un tema que tenga que ver con cuestiones políticas, se trata de trabajar por la gente, pero tampoco hay que desviar la atención de la falta del cumplimiento de los requisitos de una obra que era indispensable para la comunidad”, señaló.

El proyecto contemplaba una inversión estatal de 434.8 millones de pesos para mejorar la circulación en uno de los principales accesos a León. Sin embargo, quedó cancelado ante la falta de liberación de un terreno de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Mientras la gobernadora atribuye la cancelación a los requisitos pendientes para ejecutar la obra, Gutiérrez Campos sostiene que todavía existe margen para encontrar una solución y anunció que solicitó una reunión con la mandataria estatal.

“Hay tiempo para hacerlo, es un tema de voluntad”, dijo la alcaldesa, quien insistió en que ambas administraciones deben trabajar juntas por encima de sus diferencias.

“Por encima de cualquier cosa, está el interés de las leonesas y de los leoneses y yo espero que haya esa voluntad para poder seguir avanzando”, agregó.

El conflicto también se ha reflejado en los actos institucionales. La gobernadora no asistió al informe de gobierno de Gutiérrez Campos, realizado en la Velaria de la Feria de León, y tampoco acudió el diputado panista Rolando Alcántar Rojas, quien había sido considerado para representar al Congreso estatal. La presidenta del Poder Legislativo, Karol Jared González Márquez, acusó que al legislador no se le permitió ingresar.

Por ahora, las dos funcionarias mantienen posiciones opuestas: la alcaldesa denuncia un presunto uso político de las instituciones estatales tras su ruptura con el PAN, mientras la gobernadora niega esas prácticas y defiende que la cancelación del puente responde a cuestiones administrativas.