CDMX.- El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, que fue presentado como uno de los golpes más importantes contra el huachicol, enfrenta un giro luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmara que la instalación intervenida contaba con los permisos correspondientes y que las irregularidades detectadas estaban relacionadas con el transporte del producto.

La postura presidencial contrasta con el impacto que tuvo el anuncio inicial del operativo, realizado en septiembre, cuando las autoridades dieron a conocer el volumen de hidrocarburo localizado en una terminal de almacenamiento. La revisión de la documentación y de las condiciones en que se desarrolló la intervención abrió interrogantes sobre la legalidad del combustible y el manejo de la información oficial.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la empresa atendió las observaciones formuladas por las autoridades y descartó que el caso pudiera calificarse directamente como un decomiso de combustible robado.

“Se hizo la investigación por parte de la fiscalía. El conocimiento que tenemos es que, en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entregado en el lugar, pero la empresa resolvió ese tema”, señaló.

El caso también estuvo marcado por la salida de Juan Francisco Vera Ayala, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato. Su destitución se dio a conocer el 25 de septiembre, pocos días después de que se hiciera público el aseguramiento, luego de que la propia institución detectara anomalías en el procedimiento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la decisión se tomó tras una revisión interna sobre la actuación de las autoridades y la comunicación de los resultados del operativo, que se difundieron sin que se hubiera verificado toda la información.

“(El decomiso) se dio dos semanas antes, me parece que fueron dos o tres acciones… (Juan Francisco Vera) fue destituido porque el equipo de la fiscal general de la república encontró ciertas anomalías en este operativo, que fue dos semanas antes, y que se informa dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente”, declaró.

La intervención se llevó a cabo en una terminal ubicada en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide. Ahí se reportó el aseguramiento de diez tanques de almacenamiento con gasolina regular, premium y diésel, cuyo volumen conjunto fue calculado en 59 millones de litros.

En un primer momento, la FGR señaló que no contaba con elementos documentales suficientes para acreditar plenamente la procedencia, el manejo y el destino de todo el combustible. La investigación quedó bajo revisión de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), encargada de analizar las operaciones y los documentos relacionados con el hidrocarburo.

Por su parte, Grupo Simsa, empresa vinculada con la operación de la terminal, defendió la legalidad de las instalaciones y sostuvo que existían permisos para su funcionamiento, además de documentación para acreditar la procedencia del producto almacenado.

La destitución del delegado federal y las posteriores declaraciones de la presidenta colocaron el procedimiento bajo mayor escrutinio. Mientras inicialmente el volumen asegurado dominó el anuncio público, la discusión se trasladó a las posibles fallas en la investigación, la verificación de los datos y la forma en que se presentó el caso.